CARTA
DE LA DIRECTORA
Entre
el desconcierto y la barbarie
El triunfo moral y político de la ONU
La
democracia ha sido inspiradora de grandes utopías en
las conciencias de los ciudadanos en las más diversas
naciones del mundo. El principio de la democracia sostiene que
una sociedad basada en la justicia asegura que todas las personas,
sin importar su situación económica, religiosa
o racial, tienen los mismos derechos y que su opinión
cuenta por igual en la definición de las políticas
públicas que afectan sus vidas y la organización
del tipo de sociedad en la que participan. Así, los ideales
de la igualdad, justicia y libertad han sido bandera de amplias
movilizaciones sociales desde el siglo XVIII que, enfrentándose
a los sistemas políticos monárquicos y autoritarios,
al conocido Estado absolutista heredado del feudalismo, transitaron
hacia la construcción de sistemas modernos capitalistas
que fundamentaron su filosofía e ideología en
el liberalismo político. La Déclaratión
du Droits de l’Homme en Francia y el Bill of Rights en
Estados Unidos forman parte del proceso de construcción
del pensamiento liberal que sentó las bases del sistema
político democrático que conocemos en nuestros
días.
A lo largo de los últimos dos siglos, pero particularmente
en el siglo XX, la democracia moderna ha ido construyendo de
manera gradual y diversa, según la historia particular
de las naciones, una legalidad igual, única y universal
para todos los ciudadanos donde se garantizan el derecho a la
propiedad privada, la libertad de expresión, la igualdad
política y el reconocimiento al derecho del trabajo y
los mínimos de bienestar. Con ello, la democracia aparece
como un medio que, a través de sus instituciones, garantiza
el poder de dirimir las discrepancias políticas y sociales
de manera regulada, reglamentada y por medios pacíficos.
Al mismo tiempo, la democracia permite que la sociedad vaya
trazando su propia trayectoria social y contempla la posibilidad
de revisar, superar y avanzar en la construcción de nuevos
derechos e instituciones que permitan crear sociedades con niveles
de civilización de la humanidad más avanzados
que conduzcan al progreso y al bienestar de las sociedades en
las que vivimos. En consecuencia, la democracia es concebida
como el espacio idóneo para hacer la historia y optar
por las mejores alternativas que en el futuro inmediato sirvan
de fundamento para la construcción de nuestros destinos.
Esta nueva utopía, la democracia, ha sembrado y cosechado
grandes frutos a lo largo del siglo XX. Particularmente en América
del Norte y Europa occidental y aquellos países donde
prevalecieron las sociedades democráticas. Muchos otros
vivieron sus procesos democráticos con un ritmo más
pausado, como lo fue la gran mayoría de los países
de África, Medio Oriente y Asia que, primero tuvieron
que abandonar el colonialismo y declarar su independencia como
países soberanos para después transitar, en algunos
casos, hacia procesos democráticos. En otros casos, como
por ejemplo en América Latina, prevalecieron las dictaduras
militares hasta la década de los ochenta y las experiencias
democráticas en este subcontinente fueron la excepción.
Con
diferente intensidad, los esfuerzos por avanzar en la democracia
fueron progresivamente, a lo largo y ancho del planeta, anulando
la preeminencia del derecho de propiedad, propia del feudalismo
y del Estado absolutista y autoritario; en su lugar, se han
desarrollado a lo largo del siglo XX los derechos humanos y
civiles –de la mujer, contra la discriminación racial
y religiosa, el reconocimiento a la libertad de expresión
de los homosexuales–; los derechos políticos –libertad
de expresión, de asociación, de huelga y de manifestación–,
así como los derechos sociales –al trabajo, de un
mínimo de bienestar con el seguro de desempleo, a la
seguridad social, de jubilación, de cuidado del ambiente,
todos regulados por el Estado de bienestar.
De
manera destacada, en el campo internacional, después
de la segunda guerra mundial, se avanza en la construcción
de un nuevo orden político mundial con la creación
de las Naciones Unidas en 1945 con la finalidad de que las
controversias
internacionales se dirimieran conforme al derecho, basadas en
el equilibrio de la multilateralidad.
Joan Garcés. en el número tres de esta revista,
nos explica el difícil progreso de las relaciones internacionales
en el campo del derecho. La Carta de las Naciones Unidas aprobada
en San Francisco en 1945 afirma los principios de un orden planetario
asentado en las siguientes premisas: 1. El respeto a la autodeterminación
de los pueblos, 2. El planeta necesita un orden basado en la
coordinación de los Estados miembros y estipulado en
dicha Carta y 3. El Consejo de Seguridad es el responsable de
la dirección de las relaciones interestatales otorgándole
un estatus prominente.
De esta manera, paralelamente a los derechos civiles, humanos,
políticos, sociales y ecológicos conquistados
por los ideales de la democracia, fueron construyéndose,
pero de manera decisiva a partir de 1945, los derechos jurídicos
internacionales. Consecuentemente, se suscribieron en 1947 los
Convenios de Ginebra que regulan las actuaciones bélicas;
en 1948, el Convenio contra el Genocidio y La Declaración
de los Derechos del Hombre. Años después, en 1984,
el Convenio contra la Tortura; en 1998, se crea el Tribunal
Penal Permanente Internacional para sancionar los crímenes
contra el genocidio y de lesa humanidad.
Sin embargo, a pesar de todos estos logros, no siempre la ley
escrita y la realidad se acompañan en armonía.
Ciertamente, la realidad histórica, con ciertos matices
ha tenido otro acontecer. La segunda guerra mundial dejó
el mundo dividido en dos bloques poderosos. El socialismo y
el capitalismo. En el primero dominaba el sistema autoriario
burocrático y en el segundo, aunque con diversos grados
de evolución según los países, el sistema
democrático. La gran crítica en Occidente era
la falta de democracia en el socialismo y la gran crítica
al capitalismo, la desigualdad. Sobre la base de su poderío
económico y militar, ambas potencias desempeñaron
una política intervencionista en diferentes áreas
del planeta. El bloque socialista intervenía, en sus
zonas de influencia, contra los movimientos pro democracia o
a favor de la evolución socialista; el bloque capitalista,
contra los movimientos de izquierda y pro socialista. Este periodo
conocido como la Guerra Fría se extendió hasta
1989 que, con el derrumbe político de los países
socialistas, la humanidad se encontró ante el hecho excepcional
de que existe una sola potencia hegemónica en el mundo:
Estados Unidos de Norteamérica.
En el plano interno de las naciones democráticas, en
un fenómeno reciente, los derechos sociales han empezado
a verse acotados bajo el efecto de un conjunto de adversidades
derivadas de la crisis económica del capitalismo keynesiano
desde finales de la década de los setenta. Así,
a lo largo de los ochenta, empieza a derogarse un conjunto de
derechos sociales y políticos que impactan los salarios,
el empleo, la seguridad social, los derechos sindicales, entre
otros, que en su conjunto han repercutido en el debilitamiento
del Estado de bienestar y la desgualdad social. En suma, y de
manera particular en los países en vías de desarrollo,
la democracia empezó a presentar síntomas de no
tener la misma capacidad para dirimir los problemas a través
del consenso y la solidaridad social.
De esta manera, un profundo desencanto ha empezado a crecer
entre los partidarios de la democracia que con asombro constatan
que su opinión no es incluida en la definición
de las políticas públicas por los políticos
y observan de manera acrecentada la enorme distancia que separa
a los ciudadanos de sus gobernantes. Es decir, una vez electos,
es posible que, en algunas circunstancias, los gobernantes puedan
impulsar políticas abiertamente contrarias a las manifestadas
por sus electores y, consecuentemente, la democracia corre el
riesgo de perder legitimidad al reducirse gradualmente al espacio
electoral.
En el ámbito internacional, esta realidad se ve magnificada
ante los últimos acontecimientos internacionales con
la invasión militar de Estados Unidos e Inglaterra contra
Irak. En esta coyuntura se ha manifestado un repudio global
contra la guerra y el movimiento por la paz se ha expresado
con mucha intensidad en todo el mundo incluyendo, desde luego,
a los países árabes. De manera particular, las
encuestas de opinión pública, los desplegados
de intelectuales y organizaciones no-gubernamentales y las amplias
movilizaciones que se han realizado en Estados Unidos, en Inglaterra
y en España indican el profundo repudio a la agresión
armada contra Irak. A pesar de ello, los gobiernos de Estados
Unidos y de Inglaterra, despreciando el derecho internacional
y la opinión de amplísimos sectores de su propia
población, pero la aprobación de sus respectivos
congresos, iniciaron el ataque militar contra Irak.
Con esta agresión militar, Estados Unidos e Inglaterra
han erosionando los cimientos de la democracia, no solamente
porque han invadido Irak sin ruebas contundentes de las razones
que esgrimen, sino porque además lo hicieron violando
la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas que proponía avanzar en las inspecciones y, en
caso de encontrar armas de destrucción masiva, obligar
a Irak a desarmarse. En consecuencia, la acción militar
unilateral de Estados Unidos e Inglaterra a Irak es ilegal,
ilegítima y violatoria de lo derechos jurídicos
internacionales y del espíritu del multilateralismo del
orden político mundial vigente; pero, a su vez, violatoria
de los derechos humanos, políticos, sociales y del cuidado
del ambiente de la población iraquí.
A ocho días de la invasión, la opinión
pública se encuentra horrorizada ante el despliegue televisivo
que muestra la ciudad de Bagdad sumergida bajo el fuego y las
explosiones de los bombardeos. Dos superpotencias ensañadas
en destruir la infraestructura de un país subdesarrollado,
que se ha empobrecido aún más a lo largo de diez
años de bloqueo económico impuesto con el aval
de las Naciones Unidas después de la guerra del golfo
en 1991. La deshumanización y la locura infinita de la
guerra regresan a las conciencias de los ciudadanos de todo
el mundo a través de la televisión y los medios
de información.
Desde los primeros días de la invasión militar
a Irak y de acuerdo con la información periodística,
el gobierno de Estados Unidos otorgó a firmas norteamericanas
la concesión para la reconstrucción del puerto
iraquí de Um Qasar, de los pozos petroleros en llamas
y de la infraestructura dañada por los bombardeos. A
ocho días de la invasión, el tema de las armas
de destrucción masiva, el supuesto móvil de la
invasión, ha quedado relegado, la estrategia del momento
se centra en la propaganda ideológica de la liberación
de Irak, la ocupación, la reconstrucción y administración
de Irak. Con ello, regresa al escenario de la política
la preeminencia del derecho de propiedad, tal como lo usaban
los señores feudales y los imperios que se regían
bajo el principio de que “las naciones tienen tanto derecho
como la fuerza de que disponen”.Cabe reconocer el triunfo
moral y político de la opción del multilateralismo
en las Naciones Unidas, pues Estados Unidos e Inglaterra, sin
la fuerza de la razón, se vieron obligados a violar el
derecho internacional para iniciar la acción bélica.
Los procesos electorales simulados, los fraudes electorales
que persisten todavía en muchos países (recuérdese
Florida en Estados Unidos en 2001) y la falta de compromiso
social de la democracia puramente electoral son eventos que
presagian violaciones a los derechos nacionales e internacionales
que ha construido la democracia. Por eso, es importante asegurar
también el fortalecimiento de la sociedad civil que haga
de la democracia no un evento formal y carente de contenido,
sino una praxis que le dé sustancia a la ética
política que necesitan las sociedades de nuestro tiempo;
ética basada en las grandes conquistas de los derechos
civiles, políticos, sociales, humanos y ecológicos,
cimentados en una cultura del respeto, la tolerancia, el consenso,
el pluralismo, la biodiversidad y la paz.
